Colombia 2021-2022: Del momento instituyente al nuevo gobierno progresista

Colombia vive un momento político de ruptura.  Al vigoroso movimiento popular que se desbordó en las calles en el marco del paro nacional (2021), le ha seguido un impactante triunfo electoral, tanto en las parlamentarias como en las elecciones presidenciales (2022), un nuevo gobierno irrumpe y se apresta a liderar el cambio desde una apuesta de democracia política y social.

Si bien el orden del capital en sus relaciones de propiedad no será desafiado, por ahora, nunca existió en el país la convergencia de factores que permiten valorar como viable la transformación del régimen político construido sobre la eliminación física del opositor. Se ha configurado una correlación social de poder que permite avanzar en la ruptura del orden de poder contrainsurgente (Franco, 2014), el cual ha sido el modo de regulación de un particular tipo de acumulación afincada en el saqueo y la desposesión violenta.

Desde el año 2011 y 2013, el movimiento popular colombiano se adentra en un ciclo de intensasprotestas.  Al paro nacional estudiantil del 2011, le siguieron los intensos e impactantes paros agrarios e indígenas del 2013, convirtiéndose este último según el Cinep (2014), en el año de mayor protesta en las últimas tres décadas con 2027 jornadas de protesta social, se desembocó luego en el proceso de paz entre el Estado y las FARC-EP, proceso que creó gran expectativa en algunos sectores pero se estremeció con la noticia de la pérdida del plebiscito por la paz en el año 2016, colorario de un proceso que no logró emocionar al conjunto del país urbano. Está por evaluar el impacto del proceso de paz en el cambio de la agenda política del país, permitiendo que otros temas diferentes a la confrontación militar copara el día a día de los colombianos.

Luego desembocamos en la jornada electoral presidencial del año 2018, donde se podía percibir el alto grado de politización de la población, colocando en aprietos a la derechaante la posibilidad de ser derrotados, lo cual llevó  al Uribismo a cerrar filas en una alianza con los diversos factores de la derecha, tanto del Santismo, como el Gavirismo, Pastranismo, el Vargas Llerismo y demás séquito sepulcral; esta convergencia de derecha, sumado al tradicional fraude electoral (Ñeñe política), dio el triunfo a Iván Duque con 10.398.689votos (56%), mientras que el candidato de la izquierda Gustavo Petro obtuvo en esta ocasión 8.040.449 de sufragios (43.6%).

Las jornada electoral del año 2018 se saldó con el triunfo del candidato Uribista, lograrlo le exigió la convergencia de otras fuerzas de la derecha para vencer el empuje del candidato de la izquierda, no bastó el solo empuje del partido de Álvaro Uribe; comenzaba a evidenciarse el declive del Uribismo como representación hegemónica del electorado colombiano, la cual se había tejido desde el año 2022 sobre la base de la siempre viva derecha cultural colombiana adobada en la tradición católico-conservadora-falangista-fascista y la construcción del “terrorismo” como un enemigo simbólico y público, funcional a la configuración autoritaria del régimen político en su afán contrainsurgente.

El carácter del gobierno Duque expresó en lo fundamental los intereses del empresariado, desde el proceso de empalme el peso de este sector fue más que evidente.  En su alineación con el empresariado, Duque buscaba tener un aliado sólido en su gobernabilidad, a la par que mostraba la imagen de independiente, distante de la figura de marioneta del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien fue comparado durante toda la campaña.

El jolgorio inicial del Uribismo por su arrasadora victoria en las elecciones presidenciales del 2018  se vino a menos, durante el mes de julio y agosto de ese año diversos hechos impactaron negativamente:

1.     Uribe es llamado a indagatoria por la Corte Constitucional, teniendo que responder por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. 

2.     La corte declara inconstitucional todo el articulado introducido por el Uribismo en la ley que pretendía derrumbar la Justicia Especial de Paz y su reglamentación, no logran la inhabilidad de los magistrados de la JEP, ni otra instancia para el juzgamiento de civiles, ni el intento por limitar la Participación política de las FARC.

3.     En dirección contraria a las intenciones del gobierno y el Uribismo de “corregir” o “pulverizar” los Acuerdos de Paz de la Habana en puntos sustanciales, se presentaron diversas posturas de reacción y presión internacional de apoyo a la paz como la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos.

4.     El ministro de hacienda juega adelantado anunciando las nuevas medidas de disminución de impuestos para los empresarios y aumento para los ciudadanos. Esta medida generó un gran revuelo de en la opinión pública y afectó tempranamente la aceptación del gobierno, pasando en el mes de septiembre a octubre de 2018 de 53% a 41% según la encuestadora Yanhaas. Este decrecimiento junto a la adversidad de su coalición en el congreso, colocó en crisis la gobernabilidad Uribista.

Durante su campaña Duque había sido explícito en su propuesta de reducir impuestos al empresariado, al respecto planteó la necesidad de “Menos impuestos y contribuciones para mejores salarios. Los empresarios del país saben que vale la pena invertir en los trabajadores con talento, pero para eso necesitan que se reduzcan las cargas impositivas y contributivas excesivas, tanto las directas como las regulatorias, de manera que puedan destinar más recursos a salarios e incentivos que ayuden a mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias”.  Pero la novedad está en que buscó ampliar la base tributaria en la declaración de renta, pasando de 2,5 millones de ciudadanos a 4,5. Esto lo logrará gravando los salarios que estén por encima de un millón novecientos mil pesos.

Para noviembre del año 2019, el país se vuelca a un primer paro nacional, el cual genera una atmósfera nacional incandescente con la escenificación de inmensas movilizaciones en las ciudades que se prolongan durante diciembre del 2021 y enero de 2020.

Para febrero la pandemia del COVID logra cerrar la ola de protestas, pero arroja al país a una de las principales crisis sociales de toda su historia, la pobreza y el hambre se profundiza ante la caída en la capacidad de consumo de la población. (Gráfico N° 1)

Gráfico N° 1. Consumo final de los hogares %

Fuente: Elaboración propia con datos de DANE y Banco Mundial.

De un registro del 3,9% en el 2019, el consumo cae en el 2020 a -5,6 %, generándose un crecimiento drástico del hambre en el país. Según la FAO en este período de pandemia el hambre medido como prevalencia de subalimentación  ascendió de 7,9 % en el 2019 a 8,8 % en el 2020; y el número de personas subnutridas ascendió de 3,9 millones en el 2019 a 4,4 millones en el 2020. En contravía a este drama, el gobierno asume políticas restrictivas en el gasto público y eleva las tasas de interés, a la par que trabaja afanosamente en la imposición de una reforma tributaria que gravaba los alimentos básicos.

Esta profunda crisis social se liga con la indignidad, en octubre de 2020 se desborda y se convierte en levantamiento nacional, el asesinato por parte de la policía de un abogado mientras se hallaba en el piso, sometido e inerme, se convierte en la chispa que incendia la pradera; la respuesta militar y asesina de la policía lleva a que la movilización popular se transforme en una mareade insubordinación y choques violentos.

El clima de malestar e indignación se mantuvo todo el fin de 2020. Para principios del 2021, el comandante Aureliano Carbonel del ELN percibía y apreciaba la configuración de un nuevo momento de la lucha de Clases en Colombia, al respecto afirmaba:

En Colombia, en este 2021 y en los años inmediatamente siguientes, tienden a darse luchas sociales y políticas de mayores dimensiones a las que se presentaron en los últimos 12 años, los que, recordemos, han marcado desde el 2008 un nuevo ascenso de la movilización social. Dadas las características que ésta ha presentado, sobre todo en los últimos tres años, los procesos y las luchas futuras, además de presionar reivindicaciones inmediatas, tenderán a incorporar demandas de mayor trascendencia política y de cambio, tal como

viene siendo la característica en los últimos tiempos. Independientemente de la próxima coyuntura electoral, o sin ceñirse exclusivamente a ésta, es claro que se está configurando en los años recientes, como una posibilidad real, la emergencia de un nuevo gobierno que apuntale soberanía y cambios; un escenario probable más no inexorable. (Carbonell,2021)

Todo convergió para que esta apreciación se hiciera realidad. Parafebrero 2021 el gobierno introduce el polémico proyecto de reforma fiscal; con esta reforma el gobierno se proponía ponerle impuestos a productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina, ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.

Este 2021 se configura como un momento psicológico y político de insubordinación, dando paso en abril al inició del paro nacional, el cual derivó en un extenso tejido y proceso de acciones que tomaron la forma de estallido social, con la particularidad que no existía un centro de dirección, ni un pliego expreso de reivindicaciones, era la democracia plebeya extendida y en acción contra la inhumanidad de la política económica y social del gobierno. El paro nacional se extiende entre abril y junio del 2021, en su desenlace se repite la escenificación del régimen tiránico colombiano asesinando a los manifestantes, en total fueron 87 asesinatos de manifestantes a manos de las fuerzas militares y paramilitares urbanos, eventos que quedaron registrados y públicos en las redes sociales.

Con el Paro Nacional se asistió a algo inédito en la historia contemporánea del país, la población golpeada por la profunda crisis económica y la indolencia del gobierno tomó las calles dispuesta a jugar hasta las últimas consecuencias por librarse del gobierno, el cual es señalado como causante del daño; se dieron cientos de combates directos que llevaron a la destrucción de múltiples estaciones de policía, así como la toma permanente de nodos de circulación urbana desde las formas de resistencia llamadas primera línea. 

Esta disposición del pueblo insubordinado a “dar su sangre”, este momento sicológico en que la población decidió enfrentar al gobierno de Duque hasta el precio de su vida (Ortega, 1986)., significó que estábamos en presencia de un momento instituyente, el cual cumplía la condición en que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir administrando y gobernando como hasta entonces lo hacían (Lenin, 1920).

El momento no se encadenó en una   turbulencia insurreccional capaz de crear un poder dual que fracturara y desplazara al gobiernotiránico instituido, si escenificó contiendas de insurrecciones parciales en varias ciudades del país, particularmente en Bogotá y Cali, aportando un quiebre profundo en el centro de gravedad de la legitimidad del régimen político de derecha y el Uribismo como fuerza política hegemónica hasta hacía apenas unos años.

Este paro fue el momento de ruptura instituyente en el que se da el derrumbe de la legitimidad del Uribismo y el orden de poder oligárquico en Colombia, luego la coyuntura electoral que hemos vivido recientemente, viene a cobrar estos saldos, adentrándonos en el momento de nuevo gobierno instituido en estas elecciones presidenciales de Junio del 2022, donde Gustavo Petro, candidato del progresismo vence a Rodolfo Hernández,  candidato de la coalición de las derechas, sin bien intentó reiteradamente presentarse como un candidato independiente, está por evaluar el volumen de electorado que esta posición de anticorrupción pudo agregar, sin embargo es claro según los datos electorales, su trayectoria y nichos que unas dos terceras partes de su electorado eran la base Uribista y de diversas derechas que se movilizaban para bloquear el triunfo de Petro.

Como lo señalaba el comandante Carbonell (2021), vivimos un momento particular y excepcional de la lucha de clases colombiana, llevándonos a concretar el acceso al gobierno por parte del movimiento democrático popular y arrojándonos a la reflexión sobre el concepto de gobierno y poder, sobre lo cual diremos en principio que es fundamental reconocer que la condición de ser gobierno significa tener en las manos uno de los instrumentos centrales del régimen político, aunque no exista el control sobre el atributo de la fuerza escenificado en las Fuerzas Militares, el cual es tanto parte de la agenda de transformaciones profundas a realizar, como de las amenazas latentes a la estabilidad del nuevo gobierno, máxime en la particularidad de las fuerzas armadas colombianas y su adscripción a una doctrina y práctica fascista. El gobierno progresista, si es coherente con su agenda de transformaciones significará la profundización de la disputa social y en este campo trabajará por aislar las opciones fascistas de restauración por la vía del golpe del gobierno de derecha.

La categoría de la transición es fundamental para caracterizar el período que se abre. La transición, aun en un gobierno progresista, o si se quiere liberal republicano, es un ciclo de rupturas permanentes con las coaliciones y relaciones de poder que perviven en el régimen político oligárquico, es la transformación definitiva de su aparato de coerción hacia la democratización y construcción de unas fuerzas militares nacionalistas, constitucionalistas y no alineadas con el terror. Así mismo implica la realización de la agenda de transformaciones en clave de redistribución social que eliminen el hambre y la pobreza en el contexto nacional, mientras se vive un proceso de reversión del trazado de política económica neoliberal hacia una con potencial de activar el aparato industrial y agro productivo.

Pero reflexionemos ahora como el momento instituyente del Paro nacional y el momento de nuevo gobierno constituido, no ha adentrado a la sociedad colombiana en un ciclo constituyente, a pesar de su urgencia dado el conjunto de reformas restauradoras y antidemocráticas realizadas a la constitución de 1991 por la derecha política, así como la sumatoria de demandas y transformaciones de orden estructural en lo económico y social que exige la sociedad colombiana.

Los conceptos que venimos utilizando sobre momento instituyente, instituido y constituyente pensamos son operativos para ampliar el horizonte de análisis sobre los vertiginosos eventos de la Colombia de estos dos últimos años, pero igual sobre las turbulencias y potenciales transformaciones por venir. El momento instituyente lo entendemos como la activación del poder de la comunidad, del pueblo, es el poder soberano en escena señalando un nuevo horizonte de historicidad (Stoessel,2021), es instituyente si implica un hito disruptivo, desestabilizador y de ruptura con el orden de poder existente, logrando derivar a la sociedad hacia un momento de poder instituido, es decir la construcción de una nueva institucionalidad y gobierno.

Pero el momento instituyente pudiera lanzarnos no solamente al momento instituido, sino también al momento constituyente o constitucional, en el cual el pueblo delibera intensamente sobre una norma común (Ackerman,1999). El ciclo constituyente es un desborde revolucionario posterior al momento o ciclo instituyente, en él, el soberano se moviliza activamente en dirección a fracturar el orden vigente y construye un nuevo poder sintetizado en el obligado binomio de nuevo gobierno y nueva constitución, crea nuevo Estadoal transformar radical y estructuralmente su régimen político y la relación de dominación imperante hasta entonces; aunque esta posición de poder  signifique una relación asimétrica en lo cultural y lo económico, donde las élites aun mantendrán el control del aparato productivo así como de los aparatos productores de la ideología, particularmente los grandes medios de comunicación.

En el contexto nacional colombiano actual, el momento instituyente avanzó al momento constituido de acceder al gobierno por la vía electoral, sin embargo la fuerza instituyente no tuvo el potencial (Aun), para trascender al momento constituyente, la correlación de fuerzas está suponiendo la inexistencia de condiciones para dar el paso desde ahora a la convocatoria constituyente y formulación de nueva constitución.

El nuevo gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez como momento instituido, sino capitula en el contenido programático que lo llevó al gobierno, abreobligadamente un ciclo de transición que agita las diversas fuerzas sociales y factores de poder hacia un período de intensa convulsión. Las fuerzas revolucionarias, progresistas y democráticas que hoy han emergido construyendo un bloque social hegemónico, se trenzarán en una obligada disputa con las fuerzas de la contrarrevolución. En un primer momento las fuerzas restauradoras se travestirán de modernizantes y convergerán al Gran Acuerdo Nacional propuesto por el presidente electo, pero lo harán como comparsa táctica para recomponerse o preservarse en la burocracia del Estado, a la par que intentan cooptar al nuevo gobierno para moderar la intensidad y profundidad de las transformaciones, intensión que, de resultar vana, se transformará en el más férreo bloqueo y ataque al proyecto de cambio.

Pero este primer momento de encuentro, de sentido nacional en el que se alinean factores diversos desde la derecha, el progresismo y la izquierda puede generar un proyecto modernizante para el país y tiene las premisas de posibilidad para aislar políticamente a las facciones fascistas tanto civiles como militares.

La ruta de trasformación y democratización de las fuerzas militares, la justicia social desde la viabilidad de un nuevo modelo fiscal de redistribución del ingreso y la activación productiva es un libreto que hoy interesa a uno de los factores de poder centrales como son los Estados Unidos, éste lidia con restricciones geopolíticas globales que le exigen ser muy cauto en las líneas tácticas y estratégicas para América Latina, no son tiempos donde pueda arriesgarse a respaldar las fuerzas fascistas y arriesgar a que Colombia radicalice su rumbo y de revote termine alineada con el eje de Eurasia (China-Rusia).

Internamente en Colombia, hoy existe una correlación política en el congreso y una vía institucional de posibilidad para acometer cambios fundamentales en las fuerzas militares y el modelo económico; esto es paradójico dado que no estamos en un momento constituyente, existe mayor viabilidad que en el contexto constituyente de 1991, tal vez porque nunca fue tal momento constituyente, fue la respuesta modernizante de la burguesía para reorganizar su régimen de acumulación proteccionista hacia el menú neoliberal, a la par que bridaba formalidad de derechos peropreservando intocada la esencia y práctica terrorista de las Fuerzas Militares y su herramienta paramilitar.

El nuevo gobierno progresista tiene las mayorías del congreso para acometer el cambio, pero, hay que ser cautos en esto, son mayorías artificiales con la sumatoria de la derecha liberal, del partido de la U y fracciones conservadoras, estas se comportarán de manera diferenciada dependiendo el contenido legislativo en discusión; la reforma fiscal por ejemplo se vislumbra como una gran posibilidad, mientras que los cambios constitucionales orientados a la transformación de las Fuerzas Militares pudieran ser objetados y bloqueados, lo cual nos plantea que la correlación de poder del pueblo movilizado en la calle debe mantenerse vigente y actuante. También es central consolidar la organización popular y expandir la hegemonía alcanzada hasta ahora en la clase media desde el discurso anticorrupción, modernización y paz.

Digamos finalmente que estamos ante una ventana de oportunidad histórica, frente a la cual el movimiento revolucionario no puede colocarse a la defensiva, es urgente tomar una conducta de ofensiva política y asertividad en la validación del gobierno progresista, esto implica trabajar decididamente hacia la consolidación de un gobierno de nación y equidad con el cual sea posible concretar las transformaciones requeridas por la inmensa mayoría nacional, lo cual exige obviamente concentrarse en producir los factores de poder que garanticen gobernabilidad y aíslen las facciones fascistas presentes en la derecha cultural y las fuerzas militares. Ω

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